La incorporación de España a la Comunidad Europea impuso restricciones añadidas a la minería pública. En la historia de HUNOSA han resultado trascendentales las políticas energéticas diseñadas por la Unión Europea. La empresa mantiene una línea de reconversión, reducción de actividad y diversificación, que sigue el diseño impuesto desde Bruselas, foro en el que se decide la política energética que se aplica en los países miembros. En esta acción comunitaria destacan una serie de hitos, giros y modificaciones de los planteamientos originales, que HUNOSA ha ido trasponiendo sucesivamente a sus planes. Entre ellos, el Tratado CECA de 1952, que supone, por primera vez, que varios estados europeos aceptan políticas comunes en materia industrial. La Decisión 2.064 de 1986 del Tratado CECA defendía el final de las ayudas estatales a la estabilización de la producción, limitándolas únicamente a las empresas viables y competitivas que acometiesen planes severos de reconversión antes de 1990. La Comunidad Económica Europea y el gobierno español planifican a partir de 1990 una reducción de las dimensiones de Hunosa mediante el cierre de los pozos deficitarios en un proceso escalonado, previsto inicialmente en 2002, pero que se ha ido ampliando. No era la primera iniciativa de este tipo. Más adelante, en 1993, la Comisión Europea aprobó la decisión 3.632 de la CECA, con vigencia hasta el 2002, año en que expiró la validez del Tratado CECA y, con el mismo, el tratamiento diferencial de la minería carbonera. La nueva decisión insistía en las medidas de reconversión y en la necesidad de la convergencia de costes de las empresas subsidiadas con las no subvencionadas. El Tratado CECA fue sustituido por el concepto de reserva estratégica, que estuvo en vigor hasta el año 2010 y que proponía definir una reserva estratégica o conjunto de minas más competitivas a mantener para garantizar la seguridad del abastecimiento. En el año 2010 tiene lugar un hito importante para el sector. El Gobierno español aprobó la Decisión del Consejo Europeo 787/2010/UE, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas; a través de la cual, se obligaba a los Estados Miembros afectados a presentar un Plan de cierre de sus minas de carbón no competitivas que legalizaría estas ayudas al cierre que vienen percibiendo las distintas empresas productoras de carbón de España. La Decisión 787 de la Unión Europea, aprobada en diciembre de 2010 y aceptada por España, fijó 2018 como fecha de cierre de las minas que no sean competitivas. Los Estados miembros podrán dar otro tipo de subvenciones hasta 2027 en lo que se denominan actividades de postminería.
Un hito en este proceso fue el encierro en el pozo Barredo protagonizado por las comisiones ejecutivas del SOMA-UGT y del Sindicato Regional de la Minería de CCOO de Asturias en las fiestas navideñas de 1991 cuando, el 23 de diciembre de 1991, 36 sindicalistas, se encerraron en el interior del pozo, en la 4.ª planta, en protesta por el Plan de Reconversión Industrial de HUNOSA. Mientras duró el encierro en el exterior del pozo, en Mieres, y en Asturias, en general, se sucedieron las movilizaciones en contra del plan. En la imagen, los líderes sindicales a la salida del encierro aclamados por una multitud que fue en manifestación a recibirlos a la salida del pozo. El encierro de Barredo es considerado uno de los hitos del sindicalismo minero asturiano, marcando el inicio de la parte dura de la reconversión.
El inicio de una nueva etapa en Hunosa tras el encierro de Barredo trasciende más allá de la empresa y da lugar al nacimiento de una nueva clase social: los prejubilados, miles de mineros que dejan su trabajo debido a las políticas de ajuste y reconversión que se inician en la primera mitad de los noventa. En tres lustros habían dejado la empresa más quince mil trabajadores. Pese a las cifras, los prejubilados mineros sólo representaban el seis por ciento de los prejubilados que había en España, sin embargo, en pocos sitios estaban territorialmente tan concentrados, lo que aumentaba la sensación de su proliferación.
Junto a la reducción de actividad minera, la búsqueda de un nuevo futuro marca la política de la empresa, que trata de generar actividades alternativas como la central térmica de La Pereda, que se construyó en 1994 dentro del plan de diversificación de la empresa.
Este giro conlleva también cambios en materia de seguridad. El trabajo del minero gana en calidad y se reduce la imagen de penosidad del trabajo. Este giro se potencia también con base en la desgracia representada por el último gram accidente de la minería, ocurrido el último día de agosto de 1995, cuando una explosión de grisú en la capa octava del pozo San Nicolás de Ablaña, en Mieres, acababa con la vida de catorce trabajadores, diez mineros de Hunosa y cuatro trabajadores checos de una subcontrata.
Al finalizar el siglo XX, Hunosa era la decimonovena empresa española por su plantilla, y la quinta en volumen de pérdidas (277 millones de euros). Pero su peso en la economía regional seguía siendo decisivo: entre empleos directos, indirectos e inducidos contribuía a mantener más de cincuenta mil empleos y aportaba más de un seis por ciento del PIB asturiano.
Durante estos años, junto a la actividad principal de la minería, HUNOSA ha venido impulsando, en el seno de la propia empresa, nuevas líneas de negocio que constituyen en parte uno de los pilares del futuro de la compañía. La diversificación, que se inició ya en la década de los setenta y se plasmó con la construcción de la térmica, se potenció con la constitución en 1999 de la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (SADIM), filial que ofrece consultoría y soluciones en ingeniería y sistemas de información, o con la potenciación de HUNOSA Formación. Además la compañía ha generado más de un millón de metros de suelo industrial para posibilitar el asentamiento en las comarcas mineras de compañías que generen empleo alternativo.
Como nuevas actividades, Hunosa trata de abrir negocio en sectores como los servicios energéticos y las nuevas energías: geotermia, biomasa y biogás. Se trata de asegurar la continuidad de la compañía más allá de las fechas señaladas por Europa. En biogás, Hunosa ha desarrollado en 2016 en el macelo de Gijón la primera instalación industrial de Asturias y está rematando ya en la puesta en marcha de otro equipamiento similar en una ganadería de Gozón. La empresa genera energía con residuos. En geotermia, HUNOSA ha llevado a cabo la instalación en el nuevo hospital Álvarez Buylla de Mieres del que es el mayor sistema de calefacción y climatización por geotermia de España. Funciona desde 2014. Además se ha instalado este tipo de fuente energética en el edifico de investigación y la residencia de estudiantes del campus de Mieres; y en la sede de la Fundación Asturiana de la Energía, en esta misma ciudad. La intención es, de la mano de la Consejería de Bienestar y Vivienda del Principado, trasladar esta experiencia a bloques de viviendas de Langreo y Mieres. Y, en biomasa, HUNOSA está empezando a aprovechar sus 3.864 hectáreas de montes. Tras llevar a cabo un plan de ordenación de sus bosques estudiando las superficies y las especies más idóneas que se podrían destinar al negocio de la biomasa, está previsto poner en marcha un plan de talas. Junto a estas iniciativas, también se analiza la posibilidad de lograr una minería a cielo abierto que sea rentable sin ayudas públicas. Son las nuevas energías que quieren paliar en parte el fin de la energía del carbón.
La época dorada de la minería da paso a eso que los alemanes denominan postminería y que se está convirtiendo en Europa en un importante nicho de negocio. Los procesos de finalización de la actividad extractiva de carbón conllevan la adopción de medidas que garanticen la seguridad de las instalaciones, la recuperación medioambiental e incluso la adaptación de los centros productivos para otras finalidades que puedan generar planteamientos alternativos de generación de actividad económica. En coherencia con lo anterior la Unión Europea ha establecido en su Decisión 2010/787/UE que el sector pueda seguir percibiendo ayudas, entre otros capítulos, para el mantenimiento de la seguridad en los entornos mineros, la regeneración de espacios degradados por la actividad extractiva o el tratamiento de excedentes y la mejora de su capacitación laboral. Alemania, Inglaterra y Francia han trabajado en esa línea entendiendo la magnitud del problema y sus costes asociados.
Si bien hasta ahora en España no está reglamentado este proceso, la hullera asturiana cuenta con experiencia en la recuperación de minas exteriores, control de vertidos, investigación y reparación de quiebras y subsidencias, y la fundamental conservación de la documentación minera. Dada la obligatoriedad legal de acometer estas tareas y sus dimensiones, se podría afirmar que la postminería, y ¿por qué no?, en mucha menor medida pero si de forma complementaria, el uso turístico de algunos espacios, podría ser uno de los ejes fundamentales de un proyecto industrial complementario, que asegure actividad futura y que permita a los territorios mineros demostrar que son capaces de liderar otro cambio como la fiebre del carbón que asombró a un país.
